La UE revisará la fiscalidad para fomentar la eficiencia energética.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para revisar las normas sobre la fiscalidad de los productos energéticos en la Unión Europea, teniendo en cuenta las emisiones de CO2.

 

Estas nuevas normas buscan reestructurar la fiscalidad de estos productos para tener en cuenta tanto sus emisiones de CO2 como su contenido energético. Con ello, la Comisión quiere fomentar la eficiencia energética y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, así como prevenir las distorsiones de la competencia en el mercado único.

La directiva revisada entraría en vigor en 2013 pero la CE explica que la industria tendrá el tiempo suficiente para adaptarse al escenario que surja de la norma, ya que existirán unos períodos de transición hasta 2023 para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético.

Esta medida  propone que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes: Una se basaría en las emisiones de CO2 del producto energético y se fijaría en 20 euros por tonelada de CO2. La otra se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en gigajulios (GJ). El tipo mínimo de impuesto se fijaría en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicaría a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.

En cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la directiva revisada persigue complementar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE vigente mediante la imposición de una tasa sobre el CO2 en sectores que no entraban en su ámbito de aplicación (transportes, hogares, agricultura y pequeñas industrias). Estos sectores representan la mitad de las emisiones de CO2 de la UE, por lo que es importante que les afecte también la señal de precios del CO2.

Según nuestra perspectiva, medidas como la propuesta por la Comisión Europea, abren el debate sobre la posibilidad de imponer tasas relacionadas con las emisiones de CO2 a todos los productos que consumimos. Esta “tasa verde” afectaría especialmente a productos importados, reduciendo significativamente las ventajas en costes de países como China o India, pudiendo invertir el proceso deslocalizador de las empresas europeas.

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