Las cinco grandes distribuidoras eléctricas permiten a todos los consumidores reducir la potencia contratada durante el estado de alarma.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, las cinco grandes distribuidoras eléctricas que pertenecen a Aelec, la gran patronal eléctrica, han pactado permitir a todos los consumidores reducir su potencia eléctrica contratada durante el estado de alarma. En la actualidad, un consumidor únicamente puede reducir o subir potencia una vez al año, cada 12 meses, según la normativa. De esta forma, los consumidores que han visto como sus negocios se han paralizado por culpa del coronavirus puedan beneficiarse en la factura eléctrica a través del término de potencia, uno de los mayores costes de los recibos eléctricos de las empresas. La pregunta es, ¿me sale a cuenta? Cuestiones que valorar antes de tomar una decisión:

• Hay que tener claro hasta qué potencia bajar. Si bajamos por debajo de lo que el negocio está demandando una vez cerrado, nos van a penalizar. Como siempre.
• La distribuidora puede denegar la bajada si esta es suficientemente importante como para tener que cambiar los trafos de medida del contador. Estos equipos están diseñados para el registro de un determinado rango de potencias, y si nos salimos, hay que cambiarlos. Esto implica un coste adicional (que habrá que volver a asumir al aumentar la potencia de nuevo) y tiempo.
• Adicionalmente, si nuestro boletín eléctrico ha caducado (a los 20 años), la distribuidora puede exigirnos su renovación. Su coste oscila entre los 100€ y 200€, a parte de las dificultades de gestionarlo en estos momentos.
• El plazo legal de respuesta es de 15 días, como siempre... A partir de aquí, la reducción de potencia se aplicará en el siguiente ciclo de facturación, probablemente el de Mayo. Si todo va bien, y según el tipo de negocio que tengamos, es posible que a finales de Mayo ya estemos funcionando, con valores de potencia normales… y con penalización por tener la potencia reducida...
• La reducción de potencia tiene un precio establecido legalmente de unos 11€, pero el aumento cuesta unos 45€ por kW. Hay que hacer números para ver si nos sale a cuenta.

En resumen, en grandes consumidores puede tener sentido si estimamos que la reducción de nuestra actividad tendrá una duración de varios meses. Hay que calcular bien hasta donde bajar y estar muy alerta para volver a subir la potencia contratada con antelación suficiente para que no nos penalice, cuando volvamos a los niveles de actividad habituales. Vista la complejidad, en el sector somos muchos los que pensamos que hubiera sido mucho más fácil cobrar de oficio directamente la potencia demandada, sin tener que modificar la contratada. En todo caso, pueden contar con DinamE para asesorarse y realizar los tramites pertinentes, en caso de estar interesados.